LEMA

! POR LA LIBERACION ECONÓMICA, CULTURAL Y POLÍTICA DE NUESTROS PUEBLOS !







17 marzo 2015

ATENTADO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

“Esta batalla, no lo dude nadie, es por nuestra libertad”

La periodista Carmen Aristegui consideró que su despido y el de su equipo de trabajo por parte de MVS Radio fue “injustificado” y un atentado a la libertad de expresión.

“Vamos a dar la batalla”, dijo la periodista, reunida con su equipo afuera de las instalaciones de la radiodifusora. 

Entre quienes la acompañaron se encontraba el historiador Lorenzo Meyer, quien semanalmente participaba en una mesa de análisis.

Aristegui indicó que sus abogados consideran que en el procedimiento que empleó MVS "hay un conjunto de irregularidades y de situaciones absolutamente denunciables".

El país está viendo "este vendaval autoritario y un signo ominoso de algo que desde luego debemos evitar", agregó la periodista.

"Este equipo de periodistas está decidido a dar su batalla por la libertad de expresión", subrayó.

Aristegui dijo que el despido, que afectó a todos los miembros de su equipo, tiene "todos los visos de haber sido planeado con mucha anticipación, con muchos recursos y con mucho poder".

¡POR LA LIBERACIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y POLÍTICA DE NUESTROS PUEBLOS!
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TODOS SOMOS CARMÉN
John M. Ackerman


El programa de Carmen Aristegui no es solamente el noticiero radiofónico de mayor audiencia en el país, sino también funge como un centro articulador para el pensamiento crítico en toda la nación. Escuchar a Aristegui es un acto de rebeldía y de esperanza. Sus entrevistas, sus investigaciones y su cobertura diaria del acontecer nacional constantemente ponen en cuestión las mentiras del poder y nos hacen creer que otro México es posible.

El despido sumario de Daniel Lizárraga e Irving Huerta, así como los nuevos lineamientos editoriales de MVS, constituyen un atentado en contra de todos y cada uno de nosotros. Buscan intimidar a los periodistas independientes, así como generar zozobra y desánimo entre la población. Son la contracara del asesinato del maestro Claudio Cruz durante el violento desalojo protagonizado por la Policía Federal el pasado 24 de febrero en Acapulco,

Estos cobardes escarmientos son fríamente calculados desde el poder corrupto con el fin de desarticular la creciente resistencia y conciencia sociales. Confirman que México no es un sistema democrático, sino un régimen autoritario. En nuestro país quienes critican y exhiben al poder no son premiados, sino duramente castigados.

El PRI está aterrorizado por la posibilidad de perder su control sobre el Congreso de la Unión en las elecciones del próximo 7 de junio. Hoy el PRI cuenta con 213 diputados federales, los cuales junto con los de sus partidos satélites (28 PVEM; 10 Panal) apenas suman los 251 necesarios para imponer su mayoría sobre los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados.

Aun sin la enorme crisis de legitimidad de Enrique Peña Nieto y el simultáneo derrumbe de la economía nacional hubiera sido difícil para el PRI mantener sus actuales niveles de representación en San Lázaro. Durante las elecciones intermedias el partido en el poder típicamente pierde escaños frente al interés ciudadano de ponerle límites al ejercicio del Poder Ejecutivo.

Pero en el contexto actual de total naufragio nacional es imposible imaginar un escenario en que el PRI pudiera incrementar su representación en comparación con 2012. La cuestión no es si el PRI perderá espacios o no, sino qué tan grande será el descalabro. 
Y todo parece indicar que podría ser enorme, sobre todo si los ciudadanos libres y críticos salen en masa a votar contra el régimen.

Ello es el motivo para los exorbitantes gastos en la campaña abusiva e ilegal del PVEM. El poder quiere utilizar a esta sucursal para captar y reciclar un importante porcentaje del voto de protesta que inevitablemente se manifestará en contra del PRI.

Ello también es el contexto para el cínico intento de privatizar el agua y la descarada imposición de Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte. Ambas acciones reflejan la lógica de un partido que ya no tiene interés en ganar adeptos para mantenerse en el poder, sino simplemente busca robar y saquear lo más que pueda durante el tiempo que le queda de vida.

La decisión de atacar a Aristegui precisamente en este momento también se debe a la coyuntura electoral. Las campañas para diputados federales se inician el próximo 5 de abril. Una cobertura balanceada y equitativa de los candidatos, como la que ofrece Aristegui, constituye sin duda una amenaza para el poder corrupto y corruptor.

El PRI ha integrado una lista de candidatos impresentables, incluyendo Carmen Salinas, dos generales, la madre de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y la hija de Manlio Fablio Beltrones. En contraste, Morena ha sorprendido con la integración de una lista de candidatos de primer nivel.

Por ejemplo, el nuevo partido postulará a grandes intelectuales, como el doctor Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; la doctora Araceli Damián, de El Colegio de México, y el doctor Alberto Montoya, de la Universidad Iberoamericana. También competirán bajo la bandera de Morena el periodista Virgilio Caballero, la escritora Laura Esquivel, la activista por los derechos de las mujeres Gabriela Rodríguez y el defensor de derechos humanos Gustavo de la Rosa Hickerson.

Ningún otro partido puede presumir candidatos de tan alta calidad moral e intelectual. Morena cada día se parece más a Podemos, en España, o Syriza, en Grecia. Se equivocan los dignos padres de familia de Ayotzinapa. No todos los institutos políticos son iguales.

El régimen sabe que un resultado desfavorable en las próximas elecciones podría generarles grandes problemas. Por ejemplo, si se lograra formar un bloque opositor en la Cámara de Diputados bajo el liderazgo de Morena se podrían detener las próximas contrarreformas estructurales, así como formar numerosas comisiones especiales de investigación para transparentar los numerosos financiamientos ilícitos y conflictos de interés que corroen al régimen.

A Peña Nieto le urge desplazar, controlar y silenciar a Aristegui. A nosotros nos urge defender hasta el final a ella y a todos los periodistas valientes que todos los días arriesgan sus vidas en pos de la verdad.

www.johnackerman.blogspot.com

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FUE EL ESTADO
Pedro Miguel
 

Visto en corto, el despido de Carmen Aristegui de Noticias MVS es un conflicto entre particulares. Pero no se puede dejar de lado que la Primera Emisión conducida por Aristegui era el único espacio radiofónico de audiencia masiva y alcance nacional que cumplía con los postulados periodísticos de fiscalizar a los poderes político y económico y a sus representantes, hacerles contrapeso informativo y analizar sus actos bajo una luz crítica. La empresa, por su parte, está inexorablemente atrapada en las perversas reglas del juego que tienen a la totalidad de los medios electrónicos concesionados como cómplices y socios de los gobernantes (Televisa) o como sus rehenes (MVS).

Aunque la ley no lo diga, cualquier titular de una concesión sabe que la Presidencia puede perjudicarlo si no accede a doblegarse ante las exigencias de sumisión en materia de línea editorial y el propio Joaquín Vargas, accionista mayoritario de MVS, dio testimonio de ello en agosto de 2012, cuando reveló públicamente la extorsión de que había sido objeto por parte del calderonato. En otros casos los medios electrónicos son mandantes reales, beneficiarios ilegítimos y constructores no tan furtivos de presidentes, procuradores y ministros del Poder Judicial.

Visto en su contexto, cuando el peñato no encuentra más vías para remontar su propia pudrición que una intensa ofensiva por medios legales e ilegales contra toda crítica y toda disidencia, y pocos meses después de que Aristegui detonara el escándalo que tiene contra las cuerdas al actual ocupante de Los Pinos –por la residencia de máximo lujo que su esposa compró en condiciones desusadamente favorables a un contratista prominente del estado de México–, el despido no puede dejar de verse como un acto del régimen.

Y cuando se habla de régimen debe pensarse en un conglomerado conformado, en las decisiones y en los hechos, por quienes ocupan las instituciones públicas y la mayor parte de las dirigencias partidistas, pero también por el grueso del empresariado, el aparato mediático y los grupos de la delincuencia organizada –narca, minera, bancaria, contratista, energética– a los que le ha sido concesionado el país, por el conjunto de reglas –escritas, pero sobre todo, las no escritas– con las que opera y por las prácticas corruptas, clientelares, patrimonialistas y represivas de las que se vale.

Ese régimen no da para más. Se cae a pedazos, es inoperante y peligroso, y resulta tremendamente lesiva para el país la doble actitud de sus principales operadores: serviles ante Estados Unidos y los capitales e insolentes, abusivos y expoliadores frente a sus gobernados.

La más reciente muestra de autoritarismo disfuncional –y augurio de nuevos coletazos autoritarios– es el despido de Aristegui, que ha dejado una masa de radioescuchas sin nadie a quien escuchar y a un equipo de periodistas sin micrófono por el cual expresarse. Ello, mediante la administración facciosa de frecuencias que son propiedad de la nación.

El agravio del día contra informadores y audiencias proviene del mismo lugar que el accidente de Pasta de Conchos, el incendio de la Guardería ABC y la agresión contra los estudiantes normalistas en Iguala. La brutalidad policial contra manifestantes; las decenas de miles de desapariciones forzadas; los altos precios de la gasolina y la electricidad; el acoso contra las comunidades zapatistas y contra las que defienden sus recursos naturales; el astronómico endeudamiento nacional y la flagrante violencia que azota al país proceden, asimismo, de un régimen corrupto y delictivo al que es preciso poner fin porque en el desorden establecido no hay instancia que garantice el derecho a la vida, soberanía, justicia ni estabilidad económica, ni cabe, desde luego, esperar que autoridades y concesionarios respeten la libertad de expresión y el derecho a la información.

El desafío de la sociedad consiste en articular la suma de los agravios en una toma de conciencia colectiva y convertirla en un movimiento general no sólo en contra de Peña, de una empresa radiofónica o televisiva, de un gobernador, de una marca de comida basura o de una ley tramposa en particular, sino para detener y desmontar al régimen en su conjunto y formular un programa mínimo de rescate del país. Salvo la de la violencia, que es terreno propicio para la oligarquía gobernante, todas las vías son necesarias e imprescindibles para forzar a los personeros del régimen a sentarse a negociar una transición necesaria e impostergable: las movilizaciones sociales, la contra información, la construcción de promontorios de poder popular, la participación electoral y la desobediencia civil.

navegaciones.blogspot.com


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 LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo 19.º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y las constituciones de los sistemas democráticos, también lo señalan. De ella deriva la libertad de imprenta también llamada libertad de prensa.

El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la libre difusión de las ideas, y así fue concebido durante la Ilustración. Para filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política. Fue uno de los pilares de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos (Primera Enmienda) y la Revolución francesa, hechos que revolvieron las cortes de los demás estados occidentales. En el Artículo 19 de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos", se lee: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."

La "Convención Americana sobre Derechos Humanos" o "Pacto de San José de Costa Rica" de 1969, en el Artículo 13. señala:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

a) El respeto a los derechos o la reputación de los demás.
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

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JUÁREZ Y CÁRDENAS*


El 18 de marzo recordamos la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. El 21, el aniversario del natalicio de don Benito Juárez García. Ambos ocurren, hoy, en el peor momento de la política nacional, cuando el desprestigio de la clase política mexicana es quizá el más alto de la etapa contemporánea.

Traer a la mente a ambos próceres nos hace ver que la política es un noble oficio al servicio de las mejores causas. En efecto, hoy muchos piensan que la política es hacer grilla, trampa, abusar de la responsabilidad, volverse millonario y servir a los que “mandan”. Es la percepción popular y el despropósito de algunos que hoy la ejercen.

Vida y obra de ambos Presidentes —que recordamos con respeto, reconocimiento y cariño—, indican que es posible hacer política para buenos fines. Juárez accedió por vez primera a la Presidencia por ministerio de ley. Es decir, como presidente de la Suprema Corte de Justicia tenía la obligación de suplir al Presidente de la República cuando faltara. Así lo hizo reivindicando el sentido profundo de la responsabilidad pública. No arribó al cargo con lujos, entre algodones o lisonjas. Lo hizo a salto de mata, huyendo de la persecución de los conservadores y la traición de los moderados. Instaló su Presidencia en un carruaje y recorrió el país sin recursos, sin aparato y en la adversidad.

Ganó la Guerra de los Tres Años y asumió el mando oficial, y real, en un país debilitado por las luchas intestinas. Aun así creó el Registro Civil, expropió las propiedades del clero, decretó la separación Iglesia-Estado y la moratoria de la deuda externa. No entendió la responsabilidad presidencial como privilegio, cómoda administración o sumiso servicio para los encumbrados, sino como un reto de transformación constante.

Enfrentó la invasión francesa y con dignidad se negó a abdicar en favor del monarca impuesto desde Europa. Derrotó a los invasores con persistencia, hasta con fe, y legó al mundo el postulado que lo universalizó.

Por su parte, el general Lázaro Cárdenas del Río nos enseñó cómo un sexenio puede ser tan intenso y fructífero. En ese lapso al frente de la Presidencia entregó como nadie la tierra a los campesinos y expropió el petróleo a las naciones más poderosas del mundo occidental. Abrió las puertas del país a personajes como León Trotsky y a los republicanos españoles cuando eran rechazados por las tres potencias que más tarde se enfrentarían en la Segunda Guerra Mundial.

Masificó la educación pública y gratuita creando el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de Chapingo, entre muchas otras. No se entendería el llamado desarrollo estabilizador sin las reformas económicas y sociales del general Lázaro Cárdenas del Río.

Recordar a ambos Presidentes es reivindicar el noble oficio de la política.


*Martí Batres Guadarrama 
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